La familia que nadie quiere recordar

César Vega Vega fue presidente de la Corte Superior de Lima en dos oportunidades.

Ex congresistas, policías de alto rango, ex ministros, un dirigente deportivo, un ex presidente de la Corte Superior y hasta un Presidente de la República han mantenido vínculos amicales, profesionales y empresariales con la familia Tupiño García, pero transcurridos los años, la memoria es frágil y la gratitud, escasa.

Desde 1974, año del que se tiene información documentaria, los hermanos Tupiño García fueron involucrados en investigaciones por narcotráfico. Artículos periodísticos y partes policiales y judiciales demuestran que René, Eva, Elena, Florencio, Amer, Elí, Reynaldo y Florencio Tupiño García padecieron cárcel, fueron investigados policialmente y procesados en varias ocasiones por el llamado “delito de tráfico ilícito de estupefacientes”.

En febrero de 1978, durante la llamada segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el general Francisco Morales Bermúdez, a cargo del régimen, cedió a las presiones de Washington para que diera un mayor impulso a la guerra contra las drogas que el país del Norte ya empezaba a librar extraterritorialmente. El decreto ley 22095 elevó las penas contra quienes elaborasen o traficasen droga, y obligó a las unidades policiales encargadas de combatirlo a demostrar golpes exitosos.

Los Tupiño: una familia con conexiones a todo nivel

Presos. Francisco Camasca Tupiño (segundo.) y Marco Aliaga (cuarto). También estuvo detenido Daniel López.

Cuesta imaginar que César Vega Vega no tuviera idea de qué vivían los hermanos Tupiño, antes de asumir su inocencia y mantener su amistad.

En los años 70 y 80, Tingo María se había convertido en uno de los ejes centrales del negocio de la droga. Comprar y vender pasta básica era el gran negocio y la población era seducida.

Casi todos los hermanos registraron  judiciales y policiales desde mediados de los 70. René Tupiño estuvo apresado por contrabando en Tumbes en 1974. Eli Tupiño estuvo preso en 1978, pero liberado irregularmente, al punto que en mayo de 1979, la Oficina de Control Interno del Poder Judicial ordenó la destitución del fiscal García Blazevic y del presidente del Tribunal Correccional Guillermo Alvarado Bravo por haber «concertado para aprobar en forma apresurada, una resolución a favor de la libertad a Eli Tupiño.

Vega asesora a los Tupiño a recuperar sus casas ocultas

En disputa. Deteriorada residencia en Manuel Moncloa 2530, adquirida en octubre de 1979 por los Tupiño, con asesoría del abogado César Vega

Como su abogado, participó en la compra de una casa, en 1979. Años después, la familia se sirve aún de sus servicios para recuperar dos bienes que se mantenían a nombre de terceros. El magistrado César Vega no los recuerda.

Si algo caracteriza a los Tupiño García, involucrados en casos por narcotráfico en los años 80 y 90, es su absoluta discreción. Salvo contadas excepciones, los 11 hermanos no tienen teléfonos asignados a su nombre, tampoco empresas, ni aparecen como propietarios de bienes, aunque en la práctica sí los tienen.

Gracias a documentos que obran en archivos públicos y a testigos claves, se constató que entre 1979 y 1987, los Tupiño adquirieron por lo menos 12 casas en La Molina, Surquillo, Miraflores, Surco, San Borja, Los Olivos, Comas y Cercado, además de terrenos en la selva de Huánuco y Piura.

La historia no contada del magistrado Vega Vega y los Tupiño

César Vega Vega dice recordar vagamente su defensa. El vocal de la Cuarta Sala Penal afirma que no lo ve hace 40 años.

Relaciones. La trayectoria del dos veces presidente de la Corte Superior de Lima muestra poderosas relaciones con personajes de la política, pero también con otros cuyas actividades fueron consideradas al margen de la ley durante largo tiempo.

Es conocido que el magistrado César Javier Vega Vega acostumbra recordar públicamente a personas que lo han acompañado a lo largo de su vida.

En sus discursos como Presidente de la Corte Superior de Lima (2009-2010), Vega Vega suele señalar el apoyo que ha recibido de amigos y colegas durante sus años como abogado y magistrado.

Por razones que ignoramos pero imaginamos, Vega omite en la lista de agradecimientos a la familia Tupiño García, con seguridad sus principales patrocinados cuando empezaba como abogado.

Advirtieron de la presencia de Sendero antes de emboscada en Choquetira

Desde octubre 2010, agentes de inteligencia informaron que los senderistas se paseaban por el área en sociedad con los narcotraficantes. No obstante, enviaron a patrulla a la que terroristas causaron siete bajas.

La inteligencia militar alertó que en la zona de Choquetira, en el distrito de Vilcabamba, en la provincia cusqueña de La Convención, se había detectado el desplazamiento de una columna terrorista, por lo que recomendaba adoptar las previsiones necesarias.

Sin embargo, el 4 de junio, 13 efectivos fueron emboscados por los senderistas en el ámbito de Choquetira. Por la explosión de minas y disparos de los subversivos, tres suboficiales perdieron la vida. Otros dos murieron en las horas siguientes al ataque. No recibieron atención de emergencia oportuna porque las condiciones geográficas impidieron el aterrizaje de helicópteros para la evacuación inmediata.

Historias de narcos en los 90

Uno de los temas de los cuales los representantes del fujimorismo reclaman como un éxito del régimen de Alberto Fujimori es la lucha contra el narcotráfico. En el último debate presidencial antes de la primera vuelta, la candidata de Fuerza 2011 no dudó en mencionar, con cierto orgullo, que gracias a la política antidroga implementada en la década del noventa, el número hectáreas de hoja de coca se había reducido de 120 mil a 35 mil.

“Nuestra política de lucha contra el narcotráfico tendrá como principal arma la presencia del Estado, llevando protección, seguridad y desarrollo. Lo que debemos hacer es lo que hicimos ya en los años 90”, enfatizó Keiko Fujimori. No es tan cierto. Los políticos tienden a retomar los hechos del pasado e interpretarlos de acuerdo con sus intereses particulares; y en campaña electoral eso no es una excepción. Ahora Keiko Fujimori pretende hacernos creer que la profunda crisis de la industria de la coca en el Perú de los años 90 se debió exclusivamente a una estrategia para combatirla planteada por su padre.

México, el narcoestado

El hallazgo de 59 cadáveres en Tamaulipas esta semana confirma una tesis que espanta a los mexicanos: tanto ha escalado la ola de violencia que ya no es exagerado hablar de una guerra interna, con zonas en las que hay un virtual equilibrio de fuerzas y donde el Estado, si es que existe, protege al narcotráfico.  Hoy México parece atravesado por un quinto poder que compra, corrompe y destruye.

Diego Osorno, un periodista que recorre pueblos contando mediante sus crónicas la llamada guerra contra el narco, resume en uno de sus escritos el poder adquirido por las bandas criminales: “El 25 de octubre del 2010,  la comandancia de Los Ramones, Nuevo León, cumplía tres días de inaugurada. Poco antes de las nueve de la noche, cinco camionetas se estacionaron enfrente. De ellas bajó una decena de hombres que tomaron suficiente distancia para que las balas no les rebotaran cuando empezaran a descargar los rifles que llevaban. La práctica de tiro al blanco, que incluyó el lanzamiento de cinco granadas, duró veinte minutos. El edificio quedó agujereado y la corporación entendió el mensaje: a partir de ese día la policía municipal de Los Ramones desapareció”.

El fujimorismo y la Cosa Nostra

Hace unas semanas, unas declaraciones de Keiko Fujimori trajeron nuevamente a escena la evidente presencia del narcotráfico en las más altas esferas del gobierno de Alberto Fujimori.

Puesta contra la pared por la pregunta de un reportero, la candidata de Fuerza 2011 se vio obligada a reconocer que financió su campaña electoral del 2006 con un aporte de la familia Martínez, conocida no solo por su dedicación a la exportación de harina de pescado sino también por haber estado involucrada en un famoso caso de drogas y lavado de dinero.

Algunos periodistas, entre los que me incluyo, comenzamos a escarbar un poco en los antecedentes que forjaron esta amistad entre la ex Primera Dama y la familia de Eudocio Martínez Torres, conocido como Olluquito, y que data, al menos de lo que se conoce, desde fines de 1999, cuando Fujimori intercedió para lograr el perdón presidencial de las dos hijas del empresario pesquero, Ana y Miriana Martínez Moreno.

Normas internacionales promueven la narcotización de la economía peruana

¿Los políticos y los expertos de la seguridad reflexionan sobre el impacto que tienen las políticas económicas en el comercio ilegal de la droga? ¿Se han preguntado si el modelo económico introducido estos años ha minado la llamada guerra contra las drogas? En estas épocas de mega investigaciones por lavado de dinero a empresarios emergentes o por el financiamiento de campañas políticas con dinero sucio, pocos especialistas han centrado su atención en cómo las reformas económicas moldean las actividades ilícitas conexas al comercio ilegal de la cocaína. Quizá se deba a que las reformas de mercado son percibidas solo como un problema de política económica, mientras que los mercados prohibidos como el de la droga son vistos como un asunto de políticas represivas.

Sin darnos cuenta, la puesta en práctica de normas globales, recomendadas por un conjunto de instituciones internacionales a inicios de los años noventa para liberalizar la economía peruana, ha tenido un efecto silencio no deseado en el tráfico ilegal de la droga, pues termina facilitando su desarrollo, convirtiéndose en un verdadero obstáculo para las políticas antidrogas que el Estado ejecuta dentro de un régimen internacional prohibicionista.

Atrapados y salidas

En febrero del 2009, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería mexicana de la época, Gerónimo Gutiérrez, y el entonces comisionado de la Policía Federal Preventiva, Rodrigo Esparza, comentaban, en una reunión en Lima con autoridades y periodistas peruanos, que la radicalización de la violencia en su país era consecuencia, en parte, del ascenso de los sicarios o “gatilleros” en la cadena de mando de los varios cárteles de la droga. Los funcionarios del Gobierno mexicano explicaban que los sicarios situados antes en un quinto nivel de las organizaciones criminales habían arribado a un primer lugar e instalado una lógica distinta de los habituales negocios de la droga debido a sus “viejas funciones”, por lo que “había tantas muertes” en México.