Agentes que custodian a Fujimori se mantienen años en penal de la Diroes

Pese a que reglamento del INPE fija no estar más de un año para evitar familiaridad con el reo. Varios están desde el 2007 cuando ex dictador fue traído de Chile. Desde esa fecha conforman el primer grupo de confianza del reo. Nadie los toca. 

Conozca uno por uno a la «Guardia dorada» de Fujimori Fujimori.

Hace unas semanas durante una de las reuniones de coordinación sobre la seguridad en los penales a nivel de Lima, celebradas por el Consejo Nacional Penitenciario del INPE, surgieron algunas voces respecto a la posibilidad de poner coto a los privilegios que goza el ex presidente Alberto Fujimori en el penal del ex Fundo Barbadillo.

Entre las  medidas sugeridas figuraban la restricción de visitas y la ejecución de inspecciones semanales y sorpresivas para evitar el posible uso de celulares y computadoras como indicaban las versiones periodísticas, pero también los propios canales de inteligencia del INPE. La sugerencia también incluía la necesidad de retirar a otras oficinas a  los agentes de seguridad colocados, varios de ellos desde el   2007,  con el fin de evitar la familiaridad con el reo.

Historias de narcos en los 90

Uno de los temas de los cuales los representantes del fujimorismo reclaman como un éxito del régimen de Alberto Fujimori es la lucha contra el narcotráfico. En el último debate presidencial antes de la primera vuelta, la candidata de Fuerza 2011 no dudó en mencionar, con cierto orgullo, que gracias a la política antidroga implementada en la década del noventa, el número hectáreas de hoja de coca se había reducido de 120 mil a 35 mil.

“Nuestra política de lucha contra el narcotráfico tendrá como principal arma la presencia del Estado, llevando protección, seguridad y desarrollo. Lo que debemos hacer es lo que hicimos ya en los años 90”, enfatizó Keiko Fujimori. No es tan cierto. Los políticos tienden a retomar los hechos del pasado e interpretarlos de acuerdo con sus intereses particulares; y en campaña electoral eso no es una excepción. Ahora Keiko Fujimori pretende hacernos creer que la profunda crisis de la industria de la coca en el Perú de los años 90 se debió exclusivamente a una estrategia para combatirla planteada por su padre.

El fujimorismo y la Cosa Nostra

Hace unas semanas, unas declaraciones de Keiko Fujimori trajeron nuevamente a escena la evidente presencia del narcotráfico en las más altas esferas del gobierno de Alberto Fujimori.

Puesta contra la pared por la pregunta de un reportero, la candidata de Fuerza 2011 se vio obligada a reconocer que financió su campaña electoral del 2006 con un aporte de la familia Martínez, conocida no solo por su dedicación a la exportación de harina de pescado sino también por haber estado involucrada en un famoso caso de drogas y lavado de dinero.

Algunos periodistas, entre los que me incluyo, comenzamos a escarbar un poco en los antecedentes que forjaron esta amistad entre la ex Primera Dama y la familia de Eudocio Martínez Torres, conocido como Olluquito, y que data, al menos de lo que se conoce, desde fines de 1999, cuando Fujimori intercedió para lograr el perdón presidencial de las dos hijas del empresario pesquero, Ana y Miriana Martínez Moreno.

Normas internacionales promueven la narcotización de la economía peruana

¿Los políticos y los expertos de la seguridad reflexionan sobre el impacto que tienen las políticas económicas en el comercio ilegal de la droga? ¿Se han preguntado si el modelo económico introducido estos años ha minado la llamada guerra contra las drogas? En estas épocas de mega investigaciones por lavado de dinero a empresarios emergentes o por el financiamiento de campañas políticas con dinero sucio, pocos especialistas han centrado su atención en cómo las reformas económicas moldean las actividades ilícitas conexas al comercio ilegal de la cocaína. Quizá se deba a que las reformas de mercado son percibidas solo como un problema de política económica, mientras que los mercados prohibidos como el de la droga son vistos como un asunto de políticas represivas.

Sin darnos cuenta, la puesta en práctica de normas globales, recomendadas por un conjunto de instituciones internacionales a inicios de los años noventa para liberalizar la economía peruana, ha tenido un efecto silencio no deseado en el tráfico ilegal de la droga, pues termina facilitando su desarrollo, convirtiéndose en un verdadero obstáculo para las políticas antidrogas que el Estado ejecuta dentro de un régimen internacional prohibicionista.