México, el narcoestado

El hallazgo de 59 cadáveres en Tamaulipas esta semana confirma una tesis que espanta a los mexicanos: tanto ha escalado la ola de violencia que ya no es exagerado hablar de una guerra interna, con zonas en las que hay un virtual equilibrio de fuerzas y donde el Estado, si es que existe, protege al narcotráfico.  Hoy México parece atravesado por un quinto poder que compra, corrompe y destruye.

Diego Osorno, un periodista que recorre pueblos contando mediante sus crónicas la llamada guerra contra el narco, resume en uno de sus escritos el poder adquirido por las bandas criminales: “El 25 de octubre del 2010,  la comandancia de Los Ramones, Nuevo León, cumplía tres días de inaugurada. Poco antes de las nueve de la noche, cinco camionetas se estacionaron enfrente. De ellas bajó una decena de hombres que tomaron suficiente distancia para que las balas no les rebotaran cuando empezaran a descargar los rifles que llevaban. La práctica de tiro al blanco, que incluyó el lanzamiento de cinco granadas, duró veinte minutos. El edificio quedó agujereado y la corporación entendió el mensaje: a partir de ese día la policía municipal de Los Ramones desapareció”.

Normas internacionales promueven la narcotización de la economía peruana

¿Los políticos y los expertos de la seguridad reflexionan sobre el impacto que tienen las políticas económicas en el comercio ilegal de la droga? ¿Se han preguntado si el modelo económico introducido estos años ha minado la llamada guerra contra las drogas? En estas épocas de mega investigaciones por lavado de dinero a empresarios emergentes o por el financiamiento de campañas políticas con dinero sucio, pocos especialistas han centrado su atención en cómo las reformas económicas moldean las actividades ilícitas conexas al comercio ilegal de la cocaína. Quizá se deba a que las reformas de mercado son percibidas solo como un problema de política económica, mientras que los mercados prohibidos como el de la droga son vistos como un asunto de políticas represivas.

Sin darnos cuenta, la puesta en práctica de normas globales, recomendadas por un conjunto de instituciones internacionales a inicios de los años noventa para liberalizar la economía peruana, ha tenido un efecto silencio no deseado en el tráfico ilegal de la droga, pues termina facilitando su desarrollo, convirtiéndose en un verdadero obstáculo para las políticas antidrogas que el Estado ejecuta dentro de un régimen internacional prohibicionista.

Atrapados y salidas

En febrero del 2009, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería mexicana de la época, Gerónimo Gutiérrez, y el entonces comisionado de la Policía Federal Preventiva, Rodrigo Esparza, comentaban, en una reunión en Lima con autoridades y periodistas peruanos, que la radicalización de la violencia en su país era consecuencia, en parte, del ascenso de los sicarios o “gatilleros” en la cadena de mando de los varios cárteles de la droga. Los funcionarios del Gobierno mexicano explicaban que los sicarios situados antes en un quinto nivel de las organizaciones criminales habían arribado a un primer lugar e instalado una lógica distinta de los habituales negocios de la droga debido a sus “viejas funciones”, por lo que “había tantas muertes” en México.