Advirtieron de la presencia de Sendero antes de emboscada en Choquetira

Desde octubre 2010, agentes de inteligencia informaron que los senderistas se paseaban por el área en sociedad con los narcotraficantes. No obstante, enviaron a patrulla a la que terroristas causaron siete bajas.

La inteligencia militar alertó que en la zona de Choquetira, en el distrito de Vilcabamba, en la provincia cusqueña de La Convención, se había detectado el desplazamiento de una columna terrorista, por lo que recomendaba adoptar las previsiones necesarias.

Sin embargo, el 4 de junio, 13 efectivos fueron emboscados por los senderistas en el ámbito de Choquetira. Por la explosión de minas y disparos de los subversivos, tres suboficiales perdieron la vida. Otros dos murieron en las horas siguientes al ataque. No recibieron atención de emergencia oportuna porque las condiciones geográficas impidieron el aterrizaje de helicópteros para la evacuación inmediata.

Normas internacionales promueven la narcotización de la economía peruana

¿Los políticos y los expertos de la seguridad reflexionan sobre el impacto que tienen las políticas económicas en el comercio ilegal de la droga? ¿Se han preguntado si el modelo económico introducido estos años ha minado la llamada guerra contra las drogas? En estas épocas de mega investigaciones por lavado de dinero a empresarios emergentes o por el financiamiento de campañas políticas con dinero sucio, pocos especialistas han centrado su atención en cómo las reformas económicas moldean las actividades ilícitas conexas al comercio ilegal de la cocaína. Quizá se deba a que las reformas de mercado son percibidas solo como un problema de política económica, mientras que los mercados prohibidos como el de la droga son vistos como un asunto de políticas represivas.

Sin darnos cuenta, la puesta en práctica de normas globales, recomendadas por un conjunto de instituciones internacionales a inicios de los años noventa para liberalizar la economía peruana, ha tenido un efecto silencio no deseado en el tráfico ilegal de la droga, pues termina facilitando su desarrollo, convirtiéndose en un verdadero obstáculo para las políticas antidrogas que el Estado ejecuta dentro de un régimen internacional prohibicionista.

Atrapados y salidas

En febrero del 2009, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería mexicana de la época, Gerónimo Gutiérrez, y el entonces comisionado de la Policía Federal Preventiva, Rodrigo Esparza, comentaban, en una reunión en Lima con autoridades y periodistas peruanos, que la radicalización de la violencia en su país era consecuencia, en parte, del ascenso de los sicarios o “gatilleros” en la cadena de mando de los varios cárteles de la droga. Los funcionarios del Gobierno mexicano explicaban que los sicarios situados antes en un quinto nivel de las organizaciones criminales habían arribado a un primer lugar e instalado una lógica distinta de los habituales negocios de la droga debido a sus “viejas funciones”, por lo que “había tantas muertes” en México.